Finlandia vuelve a privatizar

El gobierno de centro derecha de Finlandia, conformado por el Partido de Centro (KESK), el Partido de Coalición Nacional (KOK) y Los Finns (PS), anunció su decisión de revivir su programa de privatizaciones después de un letargo de cinco años, como parte de los esfuerzos para sostener el crecimiento a largo plazo. El gobierno quiere canalizar los ingresos de las futuras ventas hacia nuevas inversiones. Aunque han surgido tensiones, la decisión de involucrar a los partidos de oposición en el proceso mejora las perspectivas de avances.

En mayo de 2016 las autoridades anunciaron la creación de una compañía de desarrollo de negocios para supervisar las privatizaciones, bajo la dirección del Comité Ministerial de Política Económica. Varias compañías ya han sido preseleccionadas para posibles aperturas a bolsa, incluyendo Altia, un productor de bebidas alcohólicas, Nordic Morning, un grupo de comunicaciones, y Arctia, una compañía naviera. Las acciones estatales en servicios centrales como el correo, operado por Posti Group, y la compañía de gestión de desperdicios, Ekokem, también se pondrán a la venta, y se están planificando desinversiones parciales en las áreas de servicios de salud, carreteras, ferrocarriles y canales.

En la vitrina

En la primera fase del plan, las acciones del gobierno en estas compañías serán transferidas a la compañía de desarrollo de negocios como aporte de capital, para prepararlas para su proceso de venta. Esto dará al gobierno mayor control sobre la operación y marca una diferencia con la forma en que en el pasado eran gestionadas las privatizaciones por Solidium, el brazo de inversiones del gobierno, que mantiene porcentajes minoritarios en compañías abiertas a bolsa. En 2015 el gobierno despidió al presidente de Solidium por discrepancias sobre estos procedimientos.

Esta primera fase ya está en marcha. En junio, el gobierno completó la venta de 49,9% de la compañía estatal de defensa Patria al grupo noruego Kongsberg por 272 millones de euros. En mayo, Fortum, un grupo de energía donde el Estado tiene una participación mayoritaria, presentó una oferta de 700 millones por Ekokem, donde el gobierno es dueño de 34,1% y los municipios controlan otro 32,1%. El gobierno tiene una participación de 50,76% en Fortum pero controla otro 2,5% de manera indirecta a través de fondos de propiedad estatal. Las acciones del Estado en otras compañías como Kemijoki (químicos), Neste (gas y petróleo), Raskone (equipos de mantenimiento) y Vapo (bioenergía), probablemente también serán trasladadas pronto a la compañía de desarrollo de negocios. En el caso de Posti, el gobierno está buscando una propuesta que reduzca su propiedad desde 100% a 50,1%.

Dinero para gastar

Parte de los ingresos generados será usado para incrementar la propiedad dentro de empresas estratégicamente relevantes, como la compañía de energía Gasum, y la empresa nacional de transmisión eléctrica Fingrid. El gobierno quiere usar la propiedad para alcanzar metas dentro de su programa nacional de inversiones, diseñado para sostener el crecimiento. También plantea que se le dé un mayor papel a la Inversión Industrial Finlandesa en el desarrollo de una política de propiedad futura. Operando como una unidad dentro del Ministerio de Asuntos Económicos y Empleo, Inversión Industrial Finlandesa invertiría los ingresos generados por las privatizaciones para estimular la internacionalización y crecimiento de las empresas locales.

Los tres socios de la coalición apoyan los planes para aumentar la capitalización de Inversión Industrial Finlandesa, permitiéndole tomar mayores riesgos. Esto podría lograrse usando las ganancias de las ventas para fortalecer su capacidad de invertir en el desarrollo de más empresas finlandesas, incluyendo start-ups tecnológicas. En una iniciativa relacionada, el Comité Ministerial de Política Económica está evaluando crear un fondo de inversiones de 2 mil millones de euros en paralelo a la compañía de desarrollo estatal. El vehículo de inversiones tomaría posiciones estratégicas en compañías exportadoras con alto potencial de crecimiento, asegurando que todos los activos estatales sean usados de manera eficiente para garantizar el crecimiento en el mediano plazo.

Frente unido

El opositor Partido Social Demócrata (SDP) está presionando al gobierno para que dé garantías de que su propiedad en compañías como Finnair, el mayor operador aéreo del país y aerolínea de bandera, y Patria, la compañía de defensa, no caerá bajo 50,1%. El Estado controla actualmente 55,8% de Finnair. El gobierno probablemente retendrá una posición mayoritaria en muchos acuerdos, aunque existe el riesgo de que esto desaliente a los inversionistas que podrían estar menos interesados en adquirir participaciones minoritarias que no les den control sobre la administración.

Otra preocupación de la oposición es que los muy valiosos acuerdos de sobrevuelo entre Finlandia y Rusia, que acortan significativamente los viajes entre Finlandia y Asia a través del espacio aéreo ruso, se rompan, ya que están condicionados a que Finnair se mantenga bajo mayoría estatal. Otra posible área de conflictos podría surgir si el Ministerio de Transporte y Comunicaciones privatizara parte del sistema de caminos, ferrocarriles y canales. El objetivo sería ofrecer a los inversionistas privados “acciones de infraestructura” en compañías recientemente creadas. Cualquiera de estas iniciativas probablemente sería resistida por los partidos de oposición.

Petteri Orpo, el nuevo ministro de Finanzas y líder de KOK está encabezando la estrategia de privatizaciones, junto con Olli Rehn, el ministro de Asuntos Económicos, y Anne Berner, la ministra de Transporte y Comunicaciones, ambos miembros de KESK. Sin embargo, para reducir la probabilidad de que el plan sea bloqueado por la oposición, el gobierno está proponiendo que se establezca un consejo asesor parlamentario interpartidos. La principal función de este consejo será fortalecer el papel del parlamento en definir las iniciativas de privatización y propiedad estatal. Actuando sólo en calidad consultiva, el consejo asesoraría respecto de los principios generales de propiedad y aportaría una base sólida para que el gobierno defina de mejor manera los límites a los cambios en la composición de sus participaciones, para lo cual se requeriría autorización parlamentaria.